El artista de música regional mexicana Gerardo Ortiz, nacido en Estados Unidos y conocido por su música regional, se enfrenta nuevamente a un momento decisivo en su proceso legal en ese país. El 19 de noviembre de 2025, Ortiz debía comparecer ante un tribunal federal en Los Ángeles para recibir su sentencia tras haberse declarado culpable en mayo del cargo de "conspiración para realizar transacciones" con una empresa vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los fiscales estadounidenses alegan que Ortiz participó en transacciones financieras asociadas con una empresa promotora de conciertos vinculada al CJNG, lo que generó alarma porque la promotora en cuestión, Gallística Diamante (también conocida como Ticket Premier), fue designada en 2018 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como fachada para el narcotráfico.

Según consta en los autos judiciales, Ortiz llegó a un acuerdo con la fiscalía y accedió a cooperar con el Buró Federal de Investigación (FBI) en la investigación de su exmánager, Ángel del Villar, director ejecutivo de Del Records. Se cree que la cooperación de Ortiz podría influir en una sentencia más leve.

Los documentos judiciales señalan que, a pesar de haber sido advertido en abril de 2018 por agentes federales sobre el estatus sancionado del promotor, Ortiz supuestamente siguió actuando en eventos vinculados a la organización del promotor.

Enredos legales anteriores

Aunque el caso vinculado al CJNG es el proceso judicial de mayor repercusión en Estados Unidos contra Ortiz, sus problemas legales son anteriores. En 2019, presentó una demanda contra Del Records por incumplimiento de contrato, fraude y falta de pago de regalías.

En mayo de 2020, el FBI allanó las oficinas de Del Records en Bell Gardens, California, como parte de una investigación sobre los negocios del sello con empresas promotoras vinculadas al narcotráfico. El allanamiento vinculó la investigación con las contrataciones de Ortiz con Gallística Diamante.

El vínculo fundamental: del Villar, Ortiz y el promotor

La cadena de acontecimientos gira en torno al sello discográfico de Del Villar, las contrataciones de Ortiz y el promotor autorizado. El 19 de abril de 2018, el FBI supuestamente informó a Ortiz que debía dejar de actuar en eventos vinculados al promotor. Sin embargo, menos de dos semanas después, un vuelo en jet privado financiado por Del Villar trasladó a Ortiz desde Van Nuys a un concierto en Aguascalientes organizado por Gallística Diamante.

Del Villar fue arrestado el 14 de junio de 2022, acusado de conspiración para violar la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (la Ley Kingpin) al realizar negocios con un narcotraficante designado.

Ángel del Villar declarado culpable de violar la ley de capos

En marzo de 2025, un jurado federal declaró a del Villar culpable de múltiples violaciones de la Ley Kingpin y de un cargo de conspiración. Fue sentenciado en agosto de 2025 a cuatro años de prisión.

En mayo de 2025, Ortiz se declaró culpable, reconociendo su participación en la trama y su cooperación con las autoridades federales. Según informes, tiene programadas comparecencias adicionales en Estados Unidos tras la fecha de su sentencia, lo que sugiere que espera seguir activo en su carrera.

En la audiencia del 19 de noviembre, la jueza (Maame Ewusi-Mensah Frimpong) determinará la sentencia de Ortiz, que puede incluir libertad condicional, multas (había pagado una fianza de 10.000 dólares después de declararse culpable) y posiblemente ninguna pena de prisión dada su cooperación.

Para la industria musical, este caso subraya el creciente escrutinio sobre promotores, artistas y sellos discográficos cuyos eventos podrían utilizarse para lavar dinero procedente del narcotráfico. El acuerdo extrajudicial en el caso de Ortiz y el procesamiento de su antiguo director de sello representan uno de los vínculos más visibles entre la música regional mexicana y el entretenimiento financiado por los cárteles en los últimos años.

El futuro de Ortiz es incierto. Si bien cuenta con el respaldo de un acuerdo de cooperación, su carrera y reputación dependen en parte del resultado de la sentencia. El caso sirve como advertencia y punto de inflexión en la forma en que la industria trata con promotores y eventos de alto riesgo.

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