Las imágenes son impactantes e históricas: el Ala Este de la Casa Blanca, símbolo de la vida política estadounidense durante más de un siglo, ha quedado reducida a escombros. En su lugar, el presidente Donald Trump planea construir un nuevo y colosal salón de baile, un proyecto de 300 millones de dólares que, según él, es necesario para una presidencia moderna.

Pero mientras los equipos de construcción trabajan sin descanso, se desata una tormenta de desafíos legales y éticos. Se ha presentado una demanda para detener el proyecto, grupos de preservación dan la voz de alarma y los críticos denuncian la destrucción unilateral de lo que la ex primera dama Hillary Clinton llama "su casa".

La batalla ya no se trata sólo de un edificio: es una prueba profunda del poder presidencial, la preservación histórica y si la "Casa del Pueblo" puede ser rehecha a voluntad de su residente temporal.

La demanda contra Donald Trump: una lucha por la 'Casa del Pueblo'

El 23 de octubre, una pareja de Virginia, Charles y Judith Voorhees, presentó una demanda en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, solicitando una orden de restricción temporal para "detener la destrucción del Ala Este por parte de los acusados".

La demanda alega que el presidente Trump ha violado múltiples leyes federales al comenzar la demolición sin las aprobaciones y revisiones legalmente requeridas de los principales organismos de supervisión.

Su abogado, Mark R. Denicore, dijo que sus clientes "son simplemente personas, ciudadanos estadounidenses, a quienes no les gusta que sus casas sean demolidas sin seguir los procedimientos adecuados".

La denuncia alega que la administración no presentó los planos finales a la Comisión Nacional de Planificación de la Capital, ni consultó con el Consejo Asesor de Preservación Histórica, ni solicitó la orientación de la Comisión de Bellas Artes. Sara C. Bronin, expresidenta del Consejo Asesor, declaró que si la administración hubiera seguido estos pasos, "sin duda se habrían abstenido de destruir nuestra historia compartida".

La defensa de Donald Trump: autoridad presidencial e indignación falsa

La Casa Blanca ha defendido enérgicamente el proyecto, presentándolo como una continuación de la tradición presidencial y desestimando la indignación pública. "El presidente Trump tiene plena autoridad legal para modernizar, renovar y embellecer la Casa Blanca, al igual que todos sus predecesores", declaró el portavoz Davis Ingle a Politico .

La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, calificó las críticas de "falsa indignación", afirmando que "casi todos los presidentes... han realizado modernizaciones y renovaciones propias". La administración ha comparado el proyecto con las renovaciones históricas de Theodore Roosevelt y Harry Truman. Al ser preguntada sobre sus declaraciones anteriores de que la estructura existente no se vería afectada, Leavitt declaró que "los planes cambiaron" tras consultar con los arquitectos.

Un salón de baile polémico: La visión de Donald Trump

El núcleo de la controversia reside en la magnitud y la financiación del proyecto. El salón de baile propuesto, de 8.300 metros cuadrados, es casi el doble del tamaño de la Casa Blanca. El National Trust for Historic Preservation advirtió que una estructura de este tipo "sobrepasaría la capacidad de la propia Casa Blanca".

El proyecto cuenta con financiación privada de un grupo de "donantes patriotas" no identificados. La Casa Blanca no ha publicado la lista de estos donantes, lo que plantea serias preocupaciones éticas sobre posibles conflictos de intereses y quién podría estar comprando influencias con el presidente.

El propio Trump ha argumentado que la Casa Blanca necesita desesperadamente un espacio de entretenimiento más grande para evitar celebrar cenas de estado en carpas en el jardín sur.

¿Qué pasará ahora en la batalla por la Casa Blanca y Donald Trump?

Aún no está claro si la demanda prosperará. Un juez federal decidirá sobre la orden de alejamiento, pero no se ha fijado una audiencia. El estándar legal es alto, ya que los demandantes suelen tener que demostrar una lesión personal específica, lo cual es difícil para los ciudadanos que se oponen a las decisiones gubernamentales sobre la propiedad. Incluso si el caso procede, con la mayor parte del Ala Este ya destruida, cualquier victoria judicial podría ser puramente simbólica.

La controversia ha puesto de manifiesto las ambigüedades que rodean la autoridad presidencial sobre la Residencia Ejecutiva. Si bien existen organismos de supervisión, su poder sobre la propia Casa Blanca es limitado, lo que deja la residencia más histórica del país vulnerable a las ambiciones de sus ocupantes.

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